LA CORRUPCION EN EL PERU
En los tiempos actuales, la corrupción está considerada como uno de los principales flagelos del mundo contemporáneo. Nuestra patria atraviesa una de las mayores crisis morales y éticas de su historia, Hoy se sabe que ésta acarrea serias consecuencias generado graves distorsiones económicas, sociales y políticas, afectando la gobernabilidad del Perú y poniendo en riesgo la viabilidad democrática del Estado.
Los actos de corrupción son el pan de cada día del que somos testigos, pero existe un común denominador que sus protagonistas son altas autoridades del gobierno y malos empresarios que cuentan con la complicidad de los poderes del Estado. Todos estos “faenones” han sido descubiertos por la oposición o por la prensa, lamentablemente ninguno por los mecanismos de control y fiscalización que tiene el Estado.
Pero, ¿en qué consiste este fenómeno tan extendido, complejo y devastador? Según el diccionario de la real academia española, corrupción es acción y efecto de corromper. / Alteración en escritos. / Vicios o abusos en costumbres.// Corromper: Alterar algo./ echar a perder, pudrir./ Sobornar./ Seducir a una mujer./ Estragar, pervertir.//
En términos generales, la corrupción política es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un Estado o Nación, Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común". Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse.
Todos los tipos de gobierno son susceptibles a la corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo y la impunidad
El uso ilegal de los recursos del Estado y la utilización de los poderes públicos en beneficio de quienes ejercen autoridad o influencia política en lugar de estar al servicio de las personas, perjudican al pueblo en su conjunto, pero principalmente a los más pobres. A través de la corrupción los sectores más necesitados pierden o disminuyen su acceso a los servicios de salud, vivienda, educación, entre otros. La corrupción, además, menoscaba la legitimidad de las instituciones e incentiva el abuso de poder, con lo cual se atenta contra la dignidad humana y se debilita la gobernabilidad democrática del país.
En tal sentido, la corrupción administrativa presenta diversas facetas, desde la corrupción extendida en los niveles bajos de la administración, hasta la que se enquista en las esferas más elevadas del poder, llegando en muchos de estos casos a convertirse en verdadera corrupción política.
La lucha contra la corrupción constituye una necesidad nacional y un mandato urgente que los sectores más altos del gobierno deben asumir institucionalmente. En esa línea, nos preguntamos qué organismo estatal asumió el plan de lucha contra la corrupción luego de la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción; y de qué forma se está fortaleciendo el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República.
La corrupción es difícil de contrarrestar porque adopta múltiples formas y además pareciera que estuviera enquistado en el ADN de los funcionarios, porque cuando se ve disminuida en un área, revive a veces en otra. El hecho mismo de denunciarla requiere valor. Para erradicarla se necesita, junto con la voluntad tenaz de las autoridades, la colaboración generosa de todos los peruanos, sostenidos por una fuerte conciencia moral que nunca debe de perderse para el bien de todos, especialmente de los más necesitados.
La transparencia es un valor que contribuye a reducir la corrupción. Por ello instrumentos como las leyes de acceso a la información que permitan a la ciudadanía conocer y fiscalizar los procesos de toma de decisiones, o los sistemas electrónicos de compras públicas, constituyen herramientas útiles para este propósito.
En el ámbito cultural, es necesario transitar de una cultura de la corrupción -- donde el que rompe las reglas y actúa con “viveza criolla” obtiene mejores resultados y goza de prestigio social – hacia una cultura de la legalidad, en la que se valore el respeto a los demás, a lo público y al cumplimiento de la ley.
Finalmente, es imprescindible romper con la tradición de impunidad que rodea a la corrupción. Esto plantea un reto para el sistema de administración de justicia – afectado a su vez por sus propios nichos de corrupción – al igual que para instituciones como la Contraloría General de la República, que lamentablemente ha tenido un perfil bajísimo – de una modestia inaceptable en un país con tasas tan elevadas de corrupción – en la lucha contra este flagelo. Debe haber alta visibilidad en el procesamiento y sanción ejemplar a los corruptos, como además de la pena privativa, el pago de la reparación civil y su imprescriptibilidad, tampoco deberá ejercer ningún cargo público; ni por elección ni por designación, así mismo esta sanción debe hacerse extensivo a sus descendientes hasta la 3ra generación, por ser ellos los más beneficiados. Supone que el corruptor sea objeto de la misma pena que el funcionario público.
Guido Farfán Valdivia
Crl (R) EP
DNI: 00827494